¿Es una imbecilidad la tasa Tobin?

Menuda se ha montado con la tasa Tobin. La idea de James Tobin se ha convertido en una de esas cosas que cavan una zanja en medio de la tierra y dividen el mundo en dos; pues el mundo se compone de personas absolutamente partidarias, y personas absolutamente contrarias, a la cosa. Lo último que se ha oído ha sido a un importante representante de una fundación de estudios calificando de imbecilidad imponer dicha tasa.

Pero, ¿verdaderamente lo es?

Lo primero que hay que decir sobre la tasa Tobin es que no nació para lo que ahora pretende ser usada. La tasa Tobin, al menos en su origen, no es una tasa sobre la transacciones financieras internacionales. Es una tasa sobre las operaciones de cambio de moneda. Lo cual quiere decir que tampoco es una tasa stricto sensu para las entidades financieras, sino para todo quisqui que quiera convertir sus euros en dólares, o en yuanes, o en lo que sea.

La idea se le ocurrió a James Tobin al contemplar el espectáculo ocurrido en los primeros años setenta después de que el presidente Nixon asesinase por la espalda al sistema monetario internacional de Bretton Woods. BW obligaba a los países participantes a mantener una determinada paridad-oro de la moneda. De esta manera, se mantenía una estabilidad en los tipos de cambio que, cuando menos teóricamente, no permitiría los movimientos especulativos contra las monedas que obligasen a sus emisores a contraatacar elevando sus tipos de interés, medida ésta que es lesiva para la economía interior (con tipos más altos, la economía es más cara, y se crece menos).

Cuando Nixon, abrumado por los gastos de la guerra de Vietnam, anunció que el dólar dejaba de ser convertible en oro, provocó que el propio dólar se convirtiese en el nuevo oro, esto es en el valor monetario refugio y líder de mercado. Esto inauguró la etapa de los ataques contra otras monedas, especialmente por parte de inversores especulativos, los cuales, en plazos muy cortos, «entraban» y «salían» de las monedas con gran rapidez, generándoles unas volatilidades excesivas.

Para desincentivar estos movimientos especulativos a corto, Tobin propuso que estas conversiones estuviesen gravadas con un impuesto de pequeña cuantía. Para un operador estable (por ejemplo, un importador) esa pequeña cuantía podría ser asumible en sus márgenes; pero para el especulador a corto, que obviamente trabaja con márgenes mucho más estrechos (conseguir un 10% en un año es una buena rentabilidad; pero si la operación la haces a un día, entonces tu expectativa es 10%/365 = 0,02734%), un impuesto, aún pequeño, podría suponer palmar pasta allí donde pensaba ganarla y, por lo tanto, decidiría no realizar dicha operación.

La utilidad de la tasa Tobin, pues, reside en evitar las especulaciones a corto. Su eficiencia como instrumento de solidaridad hacia los países menos favorecidos es dudosa.

Una tasa como la que parece que ahora se describe, que por lo tanto grava la transacción financiera internacional, supone, en la práctica y al menos en mi opinión, gravar el comercio internacional. Esto es así porque son escasas las operaciones de importación y exportación que se realizan sin el concurso del sector financiero, mediante cartas de crédito y otros instrumentos que, como digo, son comunes en ese mundo; eso sin hablar del comercio con países con riesgo de impago, que se hace con el apoyo de créditos. Con una tasa Tobin repensada como la que ahora se plantea, pues, el principal hecho imponible de la tasa serían las transacciones internacionales, lo cual quiere decir que éstas quedarían automáticamente encarecidas en la correspondiente proporción.

La pregunta es: ¿es la mejor manera de ayudar a los países más desfavorecidos encarecer sus ventas y sus compras exteriores? Y la respuesta es sí... en la medida que la retracción del comercio generada por su encarecimiento no sea mayor que la propia tasa. O sea: si yo vendo 1.000 millones de euros al año y se establece una tasa del 0,5% sobre esas ventas, en el momento que la reacción de mis clientes sea dejar de comprarme en una proporción mayor que 0,05 x 1.000 = 50 millones de euros, me habré hecho un pan con unas tortas. Si, por ejemplo, mi comercio cae hasta 900 millones de euros, la ONU algún día me ingresará 900 x 0,05 = 45 millones de euros, con lo que yo ingresaré 945 millones y habré perdido, por el camino, 55 millones que antes vendía, y ahora no.

La tasa Tobin, pues, es una buena idea para países no desarrollados o en fase de desarrollo que cuenten con exportaciones ante las cuales sus clientes carezcan de alternativas. Los países exportadores de petróleo, por ejemplo. Pero cabe preguntarse si es ético sostener que haya que ayudar en su desarrollo a países que llevan forrándose el riñón cuarenta años y que, por lo tanto, si a día de hoy no tienen autopistas de ocho carriles, es porque no han querido. Para aquellos países subdesarrollados cuyas exportaciones puedan sustituirse o sus países clientes puedan plantearse producir los bienes ellos mismos, la tasa Tobin, sobre todo si se calcula mal y es demasiado elevada, puede ser una catástrofe.

La tasa Tobin, además, encarecerá, obviamente, los flujos de especulación. Pero también encarecerá los flujos de inversión. Alguien invierte en algo porque tiene una expectativa de rentabilidad para dicha inversión. Si el hecho de invertir va a estar gravado por una tasa, dicha rentabilidad esperada se reduce en la proporción de la propia tasa. Ojo con eso.

Otra cosa que no he visto que nadie aclare en lo que hasta el momento he leído es la cuestión meramente práctica. O sea: se gravan las transacciones financieras internacionales para coger ese dinero y destinarlo a los países en desarrollo. Primera pregunta: ¿qué es un país en desarrollo? ¿India, por ejemplo? ¿India, que ya está fabricando productos competitivos con la industria más desarrollada (automóviles, por ejemplo) va a poder abaratarlos aún más, de forma artificial, gracias a los flujos de dinero procedentes de la tasa Tobin? ¿No es eso competencia desleal? El caso más flagrante: ¿acaso no tiene China elementos de subdesarrollo evidentes? Y, si es así, ¿no debería ser paradójica beneficiaria de la tasa Tobin?

Otra cuestión que me surge: ¿cómo la van a repartir? Es evidente que ello no puede ser en proporción a las transacciones financieras gravadas, porque se supone que a la tasa se le quiere dar un sentido solidario (obtener de el que más tiene para darle al que menos tiene). Pero si, entonces, hay países muy subdesarrollados, con actividad comercial apenas existente, que son sostenidos por las transferencias de la tasa, ¿acaso no se les está incentivando para que sigan sin comerciar, para que no se desarrollen en términos económicos?

En fin. Cuando una propuesta me plantea más preguntas que respuestas, suelo desconfiar.

Gallardón como síntoma

Este fin de semana hemos vivido en Madrid una festividad de San Isidro especial. Se celebraba el inicio de las obras de la Gran Vía hace 100 años, motivo por el cual el Ayuntamiento cerró al tráfico esta vía y colocó en ella varios escenarios en los que se produjeron actuaciones. Hubo, pues, mucho ocio y una situación singular, financiada por los poderes locales.

Independientemente de algunos aspectos de la cuestión, que tienen que ver con las molestias que este tipo de movidas causan a los residentes, me mueven estos hechos a una reflexión nacida de las muchas y muchas personas que en estas horas he visto entrevistadas en la televisión que se decían encantadas con la idea del Ayuntamiento. Dicho de otra forma: se puede entender que la fiesta de este fin de semana le dio votos al alcalde Gallardón.

No obstante, ¿podemos pagarla?

Tiene que ver esta reflexión con otra reacción muy habitual, que estos días se puede ver en los medios, relacionada con la crisis económica y la tendencia general a culpar de ella a dos tipos de responsables:

* Oscuros personajes sin nombre particular y conocidos por sus apelaciones corporativas, tales como especuladores, banqueros, Bildenberg, etc.

* Políticos.

El ciudadano, por lo tanto, tiene una imagen de sí mismo como la de un objeto pasivo que nada puede hacer para evitar ser agredido por esas fuerzas maléficas y, consecuentemente, cuando una crisis se presenta no tiene responsabilidad alguna por la misma.

Y, sin embargo, le parece de puta madre que un alcalde se gaste un dinero que no tiene en organizar una fiesta que, de no haberse celebrado, nadie le habría demandado. Como poco, es curioso.

Hay dos cosas en el ciudadano de a pie que abonan estas actuaciones demagógico-gastadoras por parte de los políticos.

La primera es la querencia por el cachondeo. Desde tiempos inmemoriales, cuando los políticos han querido esconder su incapacidad ante la crisis económica, han optado por invitar al personal al cachondeo. Es un truco tan viejo que fue inventado hace 2.000 años por los romanos, primero cónsules y luego emperadores, quienes aprendieron pronto que un ciudadano te apoyará más si le diviertes que si le gestionas bien las cosas. Otro ejemplo claro de lo que digo son las llamadas sociedades anónimas deportivas, extraños fenómenos empresariales en los cuales una gestión que multiplique el endeudamiento por siete es aplaudida con tal de que traiga una copita de plata de algún sitio.

Los alcaldes de Madrid, desde Enrique Tierno, saben que la mejor manera de tener al madrileño contento es montarle unas fiestas de San Isidro de puta madre; porque el madrileño medio, como el barcelonés medio o el vigués medio, nunca se para a preguntarse cuánto han costado esos fastos, mucho menos a reflexionar sobre el hecho de que es de su bolsillo de donde ha salido el dinero.

Porque esta es la segunda característica. Por alguna razón ignota, las personas normales, ésas que no tienen ninguna culpa de lo que les pase, son incapaces de poner en relación ingresos y gastos. Si alguien se puede permitir el lujo de alfombrar de azul la Gran Vía, antes ha tenido que sacar pasta de algún sitio para pagarlo; por ejemplo, de una tasa de basuras abusiva. En realidad, ir por la vida recurriendo la tasa de basuras, como han hecho muchos ciudadanos, y luego diciendo que lo de la Gran Vía está de puta madre, es una actitud incoherente, porque ambos detalles son reflejos del mismo fenómeno, que es o bien una voracidad recaudadora excesiva, o bien una mala gestión de los recursos.

Gallardón es, por lo tanto, un síntoma. Un síntoma de que el ciudadano de a pie no es tan inocente ni tan ajeno a lo que pasa como quiere hacerse creer a sí mismo. En democracia, sobre todo en democracia, los políticos hacen lo que se les deje que hagan. Y con cosas como la de este fin de semana, avalando la celebración de un fasto demasiado caro que bien podría haber quedado, con la que está cayendo, para el 2017, centenario de la terminación de la Gran Vía; con cosas así, digo, el mensaje que reciben es que pueden seguir tirando con pólvora del rey.

No funcionará

Pues no. No funcionará. Es una lástima y lo mejor sería que ocurriese lo contrario. Pero mi opinión al menos es que la reforma laboral que ahora se nos anuncia no funcionará. Trataré de explicar algunas razones para ello.

1.- El Modelo. Hablamos mucho de un modelo de crecimiento económico español que ha colapsado en esta crisis, pero nos olvidamos de decir que ese colapso supone, asimismo, el colapso de un modelo de mercado laboral. Un modelo de mercado laboral que ya era defectuoso, pues no olvidemos que le llamaba pleno empleo a tasas oficiales de paro del entorno del 8%, lo cual reflejaba una incapacidad congénita por hacer aparecer legalmente a no menos de un 6% del empleo.

La reforma laboral que se ha planteado se mueve dentro del modelo, pero no lo cuestiona. No cuestiona el hecho de que la forma de trabajar en el mercado laboral español tal vez debería ser otra. Esto supone abordar reformas mucho más de calado que las que están en la mera legislación laboral. Supondría, en primer lugar, abordar la eterna asignatura pendiente de nuestro modelo laboral, que es la racionalización de las jornadas. Los españoles, al revés que los escandinavos y muchos centroeuropeos, somos relativamente poco productivos a pesar de que pasamos muchas más horas en el puesto de trabajo. Cualquier persona que viva en el extrarradio de Madrid o Barcelona sabe lo que pasa si intenta coger la autopista para volver a casa a las siete o a las ocho de la tarde. El mercado laboral español no tiene una rush hour, sino varias. Son esas horas extras, o más bien el hecho de que no sean admitidas como tales, las que frenan buena parte del empleo que se podría generar.

Como acabo de decir, nuestro modelo laboral es capaz de generar situaciones tan aparentemente incongruentes como que la tasa de paro sea del 8% y tengan que venir inmigrantes a miles para cubrir puestos de trabajo que nadie quiere. Esto, desde luego, puede tener que ver con la existencia de fraude o economía sumergida, pero también tiene que ver con el hecho de que es un modelo que no se hace la sencilla pregunta de quién genera empleo en España.

El empleo, en situaciones normales, lo generan las empresas más pequeñas. En situaciones anormales, como la de los primeros años de este siglo, el recalentamiento de un sector económico (en este caso, la construcción) puede provocar que sea ese sector el que tome el liderazgo de la creación de empleo. Pero, en términos generales, en una economía como la española, en la que la inmensa mayoría de las unidades económias son autoempresarios, microempresarios o empresarios con menos de 5 trabajadores, el empleo lo generan éstos.

Un modelo laboral adecuado debería hacerse la pregunta de qué es lo que necesita ese microempresario para crear empleo con confianza. Si se hiciese esta reflexión, se llegaría a la conclusión de que lo que el microempresario necesita no son bonificaciones, porque las bonificaciones son para aquél al que algo le sobra. Lo que necesita es flexibilidad.

Al final, lo que se produce en este importante substrato de la economía es un encuentro entre un empresario y un trabajador. Dos personas que, demás, no están en la misma desigualdad de condiciones en la que está un becario que intenta entrar en un gran banco, porque muchas veces ese empresario es poco más que un trabajador. El modelo laboral interviene esa relación; impide que pueda producirse de otra forma que mediante unos tipos de contratos tasados (y que están mayormente pensandos para empresas con más trabajadores); y, en general, impide que la relación laboral sea fruto del puro y simple acuerdo entre las partes, tal y como ambas partes, además, la acuerden. Es más: impide que, cuando llega la crisis, sean ambas partes, trabajador y empresario, quienes puedan pactar cómo la van a capear.

Hay unos límites, que son los de la explotación humana. Dentro de esos límites, ¿por qué la legislación tiene que decir cómo ha de producirse el libre acuerdo entre empresario y trabajador, cuando menos en los entornos de microempresa?

2.- Lo que hace falta es una manta más grande. El empleo es una manta que tapa a la población activa. Lo que hace falta es que manta sea más grande y tape a más gente. Sin embargo, lo que se plantea es una política de vasos comunicantes, una especie de juego de suma cero: voy a fomentar la contratación indefinida y parcial a costa de los contratos temporales, los cuales, según se anuncia, se penalizan.

¿Se está buscando una manta más grande, o se está moviendo la manta de sitio? Vale, ahora nos vamos a calentar los pies. Pero, ¿acaso no se nos va a quedar el pecho helado?

3.- El asunto de los jóvenes. Pensar que se puede mejorar la contratación de jóvenes mediante bonificaciones y ayudas es una idea un tanto temeraria. En primer lugar, tiene el mismo efecto que el que acabo de describir: a ver si dentro de dos o tres años no vamos a estar hablando de que hay que proteger el empleo de los no-jóvenes.

Pero es que, además, está el asunto que ya he comentado de quién crea y destruye empleo en nuestro mercado. Haré la pregunta a bocajarro: un empresario que trabaja solo (autoempresario), mejora su negocio y se plantea tener UN trabajador (microempresario), ¿se arriesgará a contratar a un joven sin experiencia?

La respuesta es: sí. Sí si, aunque no tenga experiencia, está bien formado. Y ahí está la madre del cordero.

La verdad, creo que nos haríamos todos un favor si nos juramentásemos para desterrar del discurso público ese lugar común de que «la actual es la generación mejor formada de la Historia de España». Esto, hoy, es una simple y llana mentira. Los jóvenes de hoy están peor formados para el mercado laboral que quienes eran jóvenes hace diez o quince años. Esta afirmación se matiza un poco en el caso de los licenciados universitarios (en realidad, de algunos de ellos), pero es bastante clara entre aquéllos que acceden al mercado laboral con el bagage de la educación obligatoria o la formación profesional. Los conocimientos son escasos, la capacidad de esfuerzo limitada, y las herramientas para autogestionar el conocimiento propio, demasiadas veces inexistentes.

A ello hay que añadir que los maestros, tal vez junto con los médicos, forman parte de la profesión que más se ha deterioriado en los últimos veinte o treinta años. Ser maestro siempre fue una vocación hambrienta, como bien decía el refranero, pero disponía de elementos de prestigio indudables que motivaban al profesional a realizar su labor con elevados estándares de calidad. Hoy en día, esa dignificación se ha perdido, y son muchos los maestros a los que, mutatis mutandis, lo formados o deformados que salgan del colegio sus alumnos, básicamente, se la trae ondulante penduleante. Pero esto no es algo de lo que tengan la culpa ellos, sino la caterva de especuladores sociales que, en las últimas tres décadas, han concebido la idea de que la mejor política educativa era la que se adaptaba a la voluntad de esfuerzo del alumno y, consecuentemente, no se dejaba a nadie por el camino.

Yo no creo en la política de becas, cuando menos para el estudio (sí para el material escolar, manutención, etc.) En lo que creo es es una universidad gratuita, absolutamente gratuita para absolutamente todos sus alumnos. Creo que si la sanidad pública y universal se paga con los impuestos, con las mismas la educación universitaria también debería pagarse de la misma manera. Pero con la matización de que en esa universidad sólo entrarían unos cuantos. Para solicitar la oportuna beca, todo lo que habría que presentar sería la cartilla de notas. A partir de ahí, a jugar.

Será una idea radical, no lo dudo. Pero no debe esconder el factor fundamental de que actuar sobre el mercado laboral de los jóvenes tiene, a mi modo de ver, poco que ver con bonificar su contratación, y mucho con mejorar su competitividad.

Un ejemplo claro es el de los idiomas. La actual generación de estudiantes ha perdido la batalla del idioma, la misma que perdieron sus padres y que, al paso que vamos, van a perder sus hijos. Hoy en día que Madrid se ha convertido en un ente multicultural, resulta decepcionante encontrarse con inmigrantes que han de trabajar por el salario mínimo y que pronuncian el inglés setenta veces mejor que españoles que se supone que han estudiado el idioma durante más de diez años. Que nuestros jóvenes, que han crecido en una sociedad que podía haber dedicado recursos al tema porque los tenía, sigan hablando inglés con acento de Fuenla, como el Niño del anuncio de Pes.si, lo dice todo sobre las preocupaciones y ocupaciones de nuestro sistema educativo.

Los jóvenes que hoy tienen 20 años fueron educados para ingresar en un mercado laboral en el que, entre el crecimiento económico y la restricción demográfica (ya no pertenecen a las cohortes del baby boom), iba a sobrarles el trabajo, motivo por el cual da la impresión que alguien pensó que tampoco hacía falta que el premercado laboral (el sistema educativo) fuese muy exigente con ellos. Lejos de ser la generación mejor formada de nuestra Historia, lo que es, es la generación más objetivamente desgraciada desde hace varias décadas.

4.- El asunto de los mayores. Para los trabajadores mayores, esa reforma laboral ha preparado, sobre todo, una supuesta ofensiva a favor de la contratación a tiempo parcial. Esta idea, ya lo he escrito, tendrá un éxito relativo, si no cabe decir que fracasará, porque para que la contratación a tiempo parcial tenga éxito en España hace falta primero que se racionalicen las jornadas porque, si no es así, no habrá horas para que las cumplan los empleados a tiempo parcial.

A los sucesivos gobiernos de los últimos años se les ha llenado la boca anunciando que iban a permitir la conciliación de la vida laboral y familiar abriendo guarderías. Además del hecho de que esta propia promesa se ha incumplido sistemáticamente, nuevamente nos encontramos, una vez y otra, ante el mismo problema: intentar resolver una situación sin salirse del modelo que la crea.

El problema que tienen los padres y madres que desean compaginar vida laboral y familiar no es sólo la ausencia de guarderías: es su horario, así como la pérdida objetiva de nive de vida que supone dedicarse a sus hijos. Ambas cosas han sido resueltas en otros países. En Escandinavia, por ejemplo, se han resuelto mediante políticas muy valientes de apoyo al trabajador que se toma varios años sabáticos para criar a su hijo en los primeros de su vida; periodo durante el cual el trabajador o trabajadora recibe un subsidio dependiente de su nivel salarial anterior (es decir, de su cotización) y, en ocasiones, existe una garantía de puesto de trabajo. Esto se combina con tasas de actividad en el segmento de personas de más de 50 años (con las que se puede cubrir ese gap creado por el trabajador que abandona el mercado provisionalmente) que están veinte o treinta puntos por encima de la nuestra.

En otras palabras: en un mercado laboral creativo, la flexibilidad que demanda el trabajador joven que decide abandonar la actividad provisonalmente, normalmente a causa de la paternidad o maternidad, se puede resolver gracias a la flexibilidad hacia la incorporación al trabajo de personas que, muchas veces, tienen sus necesidades básicas (hipoteca) cubiertas y no hacen botellón ni tienen gastos muy suntuarios y, a la vez, tampoco están dispuestos a trabajar jornadas de ocho horas porque no tienen el cuerpo para tantos ruidos.

El modelo laboral español, lejos de hacer esto, lo que enseña al trabajador que frise los cincuenta años es a ambicionar la jubilación. El nuestro es un modelo en el que o trabajas o no trabajas. Es perfectamente binario. En consecuencia, el trabajador de 55 años que quiere seguir en el mercado tiene que pedalear ocho horas; y la trabajadora de 32 que decide quedarse embarazada tiene que poner más de la mitad de su sueldo en pagar a empleadas de hogar y otros profesionales que se encarguen de su hijo.

Conseguir que los trabajadores españoles se acostumbren a que más allá de los cincuenta hay que seguir en el machito es algo mucho más complejo firmar al pie de un decreto que diga que los contratos a tiempo parcial recibirán una bonificación de bla y una subvención de blabla. Es un tema cultural y requiere de políticas decididas y de un esquema de gasto social que no es el existente; un esquema de gasto social que esté pensado para que el productor se sienta cómodo produciendo, sienta que su vida económica y laboral y su vida personal no se anulan la una a la otra.

Lo que hace falta, pues, es mucho más que lo que va a haber, es decir una mesa de negociación en torno a unos proyectos de decreto con subvenciones tal y contrataciones pascual. Lo que hace falta es una discusión franca y abierta sobre cómo debería ser el mercado laboral del siglo XXI, tras la cual se podría, y a la vez debería, comenzar a construir desde cero. Pero esto no es lo que va a haber.

Yo no

Pues no. Soy contribuyente de la Hacienda madrileña, lo cual, supongo, me da derecho a opinar como el que más. Y yo preferiría que los Juegos Olímpicos del 2016 se organizasen en cualquier lugar menos Madrid.

Tengo mis razones. Son éstas.

Razón 1: No podemos pagarlo.

El alcalde de Madrid está enviándonos estos mismos días cartas a todos sus contribuyentes en las que nos anuncia una tasa de basuras con cantidades sinceramente acojonantes. Muchos de nosotros tendremos o tendrán (mi carta aún no ha llegado) que pagar en torno a medio euro al día porque les recojan la mierda. No me voy a meter en que esto sea justo o injusto, pero lo que me parece es un signo evidente de que el Ayuntamiento de Madrid está, presupuestariamente hablando, y como se dice en castizo, en la quinta pregunta.

Economía, en su origen, quiere decir gobierno de la casa. Es una explicación etimológica que nos debe enseñar que gestionar una economía, por grande que sea, no se distingue demasiado de gestionar las finanzas de un hogar. Cuando en un hogar hay que andarle pidiendo prestado al cuñado para poder pagar la comunidad del mes, ¿acaso es lógico meterse en comprar una casita en la playa? Se me podrá argumentar, y no lo niego, que la casita en la playa (los juegos olímpicos) pueden reportar muchos beneficios. La palabra clave es pueden. No siempre ha sido así. En Montreal creo que no tienen demasiadas ganas de volver a organizar unos juegos. Los chinos saben que están descartados durante años, pero no parece que les duela gran cosa. Y qué decir de los griegos, que enterraron montañas de pasta en el Partenón.

Ahora que tanto se habla de la necesidad de no dejar que el sector financiero haga el cabra y se meta en operaciones riesgosas y toda la pesca, ¿alguien se ha parado a pensar, siquiera mínimamente, sobre el nivel de riesgo financiero que conllevan unos juegos olímpicos? Lo cual nos lleva al punto número 2.

Razón 2: Es mentira que los juegos aporten beneficio per se.

Digamos que montamos una macrofiesta. A la macrofiesta vienen mil personas que se dejan como media 50 euros en copas y zarandajas. Hay dos formas de medir el beneficio de esa fiesta. Una es la de los tuertos o directamente ciegos, y es decir: hemos ganado 50 x 1.000 = 50.000 euros. La otra, la buena, consiste en no tener en cuenta sólo los ingresos sino también los costes y, muy especialmente, el hecho de que, en proyectos a largo plazo (y organizar unos juegos lo es) hay que tener en cuenta que no todos los pagos y cobros se realizan en el mismo momento, así pues hay que descontar todas las cantidades a valor actual.

Dicen los defensores de los juegos olímpicos que éstos tienen beneficios a largo plazo. Que la ciudad se da a conocer al mundo y todo eso. Pero, en primer lugar: eso será en el caso de ciudades que tengan que ser conocidas. Las que ya lo son no precisan tanto de eso. Y, en segundo lugar, ¿dónde dice exactamente que se hayan producido manadas de turistas en dirección a Montreal, Atlanta, Sidney o Pekín, por citar sólo algunos ejemplos?

Lejos de ello, lo que las cifras demuestran, a mi modo de ver, es que los juegos olímpicos, medidos tres, cuatro o cinco años después de su producción, no modifican grandemente el statu quo turístico, que sigue presidido, en lo que a Europa se refiere, por París, ciudad en la que no ha habido una olimpiada, que yo recuerde, desde los tiempos en los que Franco jugaba al guá. Barcelona, sin ir más lejos, sigue siendo apreciada sobre todo por su arquitectura modernista y otros atractivos que son bien conocidos y que están en los folletos turísticos (que, ahí están para quien los quiera consultar, apenas citan ya, lógicamente, el hecho de que fue una ciudad olímpica hace 17 años).

La verdad es otra. Los juegos olímpicos son un negocio de seis meses. Y es en esos seis meses en los que hay que ganar, o perder. Los juegos de Atlanta son canónicos a ese respecto. Se organizaron bajo la premisa de que el dólar que no se ganase mientras que el tartán de las carreras aún estaba tibio, no se ganaría nunca. Y se forraron.

Los juegos olímpicos de Madrid se proyectan, ahí están las palabras de sus muchos defensores, como lo que no son: una operación beneficiosa en el largo plazo. Lo cual quiere decir costosa en el corto. En el fondo, pues, con probabilidades de ser ruinosa.

Razón 3: Hay mucho oscurantismo.

Cuando menos a mí, las cosas públicas al tiempo que secretas me ponen nervioso. Me pone nervioso el oscurantismo y las cosas que no están claras. No me gusta, por lo tanto, no saber dos datos. El primero, cuánto nos ha costado esta aventura a día de hoy. El segundo, cuánto nos costaría de conseguirla.

Supongo que habrá unas cuentas. Aunque las he buscado en la página del Ayuntamiento de Madrid y no las he encontrado. Ya sé que alguien pensará que soy un tiquismiquis, pero es que me jode la perversión que hacen los políticos del concepto de gratuidad. El concierto de Bisbal de ayer no fue gratuito. Lo sería, en todo caso, para algún fan de Zaragoza que se acercase a la Cibeles. Para los madrileños no lo fue. Yo lo pagué. Y eso que no hubiese querido que se celebrase. Pero, bueno, ya que lo pago, me gustaría saber, si puede ser, lo que costó. ¿Cuánto cobró Bisbal? ¿Cuánto ha costado el montajito de ayer de la Cibeles? ¿Cuánto nos hemos gastado en estudios, asesores, informes, reportes, viajes, almuerzos, más almuerzos y gavelas varias? ¿Qué nos ha costado a día de hoy, en resumen, que el alcalde de Madrid haya decidido que los madrileños queremos ser sede olímpica?

Razón 3: La identificación Madrid-Barcelona también es falsa.

Las olimpiadas fueron un chollo para Barcelona porque Barcelona tenía un grave problema urbanístico para cuya solución aprovechó la inversión olímpica. Barcelona era una ciudad portuaria que vivía de espaldas al mar y solucionó ese problema rediseñándose aprovechando que pasaba por allí el Pisuerga de la Villa Olímpica. Pero que esas cosas no funcionan siempre lo demostraron los propios barceloneses años después con la enorme defecada del Fórum de las Mierduras.

¿Tiene ese problema Madrid hoy? Bueno, quizás Gallardón ha leído los proyectos que encargó José Bonaparte para realizar una gran avenida, tipo Champs Elyssées, entre el palacio Real y la Puerta de Alcalá, y quiere hacerla. Porque, de lo contrario, no se explica. Por lo demás, los urbanistas funcionarios de Madrid no tienen más que ir a la Historia para comprobar cómo crece Madrid. El gran espaldarazo para hacer de Madrid una ciudad abigarrada y grande fue la construcción del Canal de Isabel II. Así las cosas, parece claro que lo que necesitamos aquí no es reinventarnos, sino tener más y buenos servicios.

Por lo demás, estamos ya en plena remodelación urbanística que ha mejorado las comunicaciones de la ciudad, racionalizándolas. Remodelación que ha costado un pastón que ahora hay que pagar. Así pues, lector, en este punto, como en la Oca, te informo de que has caído en la casilla de la Muerte, y que has de regresar a la Razón 1.

Razón 4: El ideal olímpico no mola.

Entiéndase bien. El ideal olímpico original, el del barón Pierre de Coubertin, mola que lo flipas. Pero es que de eso queda poco. Los juegos olímpicos no son un ideal deportivo. Son un ideal químico en el que hay que colocar unos controles de la hueva porque todo el mundo es consciente de que el deporte de élite, hoy en día, tiene poco de sano. Los modernos atletas se ponen de todo lo que la ley les permite y un poco de lo que no les permite, con la ilusión de no ser pillados. Los controles tampoco deben de ser gran cosa cuando un tipo como Ben Jhonson pudo ser campeón del mundo y recordman y forrarse en golden galas antes de que lo pillasen en unas olimpiadas.

El COI, por lo demás, es un cotolengo del que no forman parte necesariamente los más virtuosos, sino los más hábiles y al tiempo más millonarios. A estos señores no les ha temblado la mano a la hora de permitir la celebración de los juegos olímpicos en países cuyos gobiernos eran o son dictaduras atroces; supongo que eso se hizo así for the sake of the money. A mí no me parecen buenos compañeros de viaje.

Razón 5: last but nos least.

La lógica dice que si un café cuesta en cualquier cafetería de Madrid, hoy en día, un euro con diez o así, tardaremos aún cosa de diez años en pagar 3 euros por un café. Quien quiera organizar unos juegos olímpicos, que vaya pensando que esos diez años se van a convertir en dos, todo lo más en tres.

El precio de la gloria

Supongo que todos estamos de acuerdo en que, hoy por hoy, el éxito en el deporte de élite no se produce por el empuje individual de los atletas. Tener éxito deportivo es algo que tiene mucho que ver con la economía, la planificación y la estrategia. Lo sabemos más o menos desde las décadas de los setenta y ochenta, cuando los países del bloque del Este decidieron que le querían mojar la oreja olímpica a los EEUU y se dedicaron a planificar para ganar.

La planificación es siempre cuestión de pasta. Y pensando en esto, y en la pasta, se me ocurrió hacer la cuenta de la relación entre las medallas obtenidas en los JJOO de Pekín y el PIB de cada país. Obviamente, es una cuenta entre países que hayan ganado alguna medalla; el resto están peor, pues no han pillado ninguna.

El país al que le ha salido más barato mojar en los JJOO es Zimbabwe, que ha «pagado» tan sólo 441 millones de dólares por medalla. Le sigue Mongolia, con 700 kilos por latón y Jamaica, con 938 millones. Son los tres únicos países en los que pilllar cacho ha costado menos de 1.000 millones de dólares.

¿España? La encontraréis en la parte baja de la tabla. O sea, entre los países que más bien han pagado un congo por sus medallas. Nuestra tasa es de 68 millones de dólares por medalla, prácticamente la misma que Italia (66) y Alemania (70), lo cual viene a demostrar que en esto somos muy europeos.

Los diez países que tienen mayor tasa de PIB por medalla son, de mayor a menor: India, México, Sudáfrica, Bélgica, Venezuela, Japón, Malaysia, Chile, Singapur e Irán.

Si tuviésemos la tasa de PIB por medalla de Estados Unidos, sólo habríamos sacado 10 medallas. Esto para que se vea que no siempre ser líder significa ser el mejor. Sin embargo, si tuviésemos la tasa de China, habríamos sacado 45 medallas; vale que estaban en casa y les echaron una mano. Pero nosotros también jugamos en casa en el 92, y sacamos la mitad.

¿Y si esto del deporte se nos diese como a los zimbabuos? Pues habría que inventar juegos olímpicos para nosotros, porque nos levantaríamos 2.776 medallitas de vellón.

Bueno, puede que algún día, si declaran el mus, el continental y el cinquillo deportes olímpicos...

En fin, tenía la tabla preparada para colocarla, pero no se ve una mierda.

La peor crisis

Esto de la crisis económica se caracteriza por un detalle: siempre es la peor que se recuerda. En esto, los ciudadanos somos como los agricultores, para los cuales el año presente siempre ha sido el que menos ha llovido en los tiempos que se recuerdan (y añaden: «el año pasado sí que fue bueno»).

Y hay que tener cuidado con lo que se dice porque la principal materia prima de la economía son las expectativas y, a base de repetir mucho que la burra está enferma, al final la veremos terminal.

Pero el caso es que el otro día, leyendo un libro, me encontré con la noticia de que, en septiembre de 1975, el gobierno autorizó la distribución en las gasolineras de la gasolina de 90 octanos. A 19 pesetas el litro. La de 80 seguía vendiéndose a 18.

Y, bueno, me he puesto a echar cuentas. Según el Anuario Estadístico del INE de 1975, en dicho año un trabajador de la construcción ganaba 70,14 pesetas a la hora (o sea, ganaba unas 120.000 lúas al año, o 1.200 euros, lo cual teniendo en cuenta la evolución de la inflación viene a ser como 11.800 euros de hoy en día). Es decir, que trabajando una hora podía pagar 3,69 litros de gasofa.

En el primer trimestre del año 2008, un trabajador de la construcción, también según el INE, ganaba 15,1 euros por hora trabajada. Y la pregunta es: si sólo pudiera comprar 3,69 litros de gasolina con esa pasta, ¿cuánto costaría el litro de gasolina?

Haced la cuenta. ¿La peor crisis de la Historia? ¿De verdad?

Financiación autonómica

Como suele ser habitual en estos casos, y algunos pensarán que hasta lógico, el gobierno y las comunidades autónomas están siendo parcos a la hora de informar sobre la marcha de la negociación del nuevo sistema de financiación de las autonomías. Los gobiernos regionales se quejan mucho, pero lo hacen en términos muy difusos (esto es decepcionante, así no vamos a ninguna parte, y cosas parecidas). Por su parte, el Ministerio de Economía informa sobre los documentos que hay sobre la mesa a base de resúmenes de resúmenes de resúmenes.

Ya digo que en parte es lógico. Hay mucha pasta sobre la mesa. Pero tampoco tan lógico. Porque resulta que es nuestra pasta.

El mentado documento del Ministerio, ya se ha dicho, es sincrético y prácticamente telegráfico. No obstante, hay algunas cosas que se pueden destacar.

1) Suficiencia y garantía de financiación: Esto significa que el modelo se plantea como conditio sine qua non para existir que determinados servicios sean de la misma calidad en todas partes. O, lo que es lo mismo, si vemos el presupuesto público como un concurso de acreedores, es como decir que el primer acreedor, con preeminencia sobre todos los demás, es aquél a quien no le hayan llegado todavía los servicios públicos, o no en la misma calidad que a los demás.

2) Recursos de mejora. Una vez que se se haya financiado este mínimo, y si sobra, el Estado enchufará más dinero a las comunidades, dice, «para mejorar el Estado del Bienestar». A menos que esta expresión se entienda en un sentido laxo, no se entiende. Los recursos adicionales para las comunidades deberían ser para lo que las comunidades quieran, que para eso gobiernan y se retratan cada cuatro años. Probablemente, la alusión al Estado del Bienestar tiene que ver con lo preocupadas que están todas las CCAA con su gasto sanitario; o es, tal vez, un guiño al Estatuto de Cataluña, que está redactado en estos términos.

Pero lo realmente importante de este punto es que establece la principal incongruencia que en España ha tenido siempre todo sistema de financiación autonómica. La lógica nos dice que alguien que está repartiendo pasta no puede ser juez y parte. Pero el Estado central lo es. Dice que repartirá, él, el dinero que le sobre a él; pero que será él mismo el que dirá si le sobra o no.

También dice este punto que los recursos se distribuirán en función de la población y su evolución. O sea, aquellas comunidades donde la población se incremente más recibirán más dinero. Bastante claro. ¿Si? Bueno, el documento aún no ha terminado.

3) No habrá perdedores. El documento lo dice varias veces. Lo cual es una obviedad. Es un hecho que hoy hay más pasta que hace años, primero porque se recauda más, y segundo porque a las autonomías les toca más de lo que se recauda porque hace años, cuando se diseñó el actual sistema, todas tenían transferidas unas competencias N, y hoy son N+X. Pues claro que no habrá perdedores. Es que si hubiera una sola comunidad autónoma que recibiese con el nuevo sistema menos dinero que con el antiguo, la palabra a utilizar sería expolio.

4) Se reconocerá el esfuerzo fiscal. Corresponsabilidad: Lo de la corresponsabilidad fiscal es un importante cuento de hadas. Que levante la mano quien tenga la sensación de que su comunidad autónoma le cobra impuestos. Impuestos, impuestos, lo que se dice impuestos, hay, para los particulares, dos: el IRPF y el IVA. Y los dos los cobra el Estado. Luego transfiere parte de esa recaudación a las autonomías, pero eso de corresponsabilidad no tiene nada. Corresponsabilidad es que las autonomías tuviesen verdadera capacidad normativa sobre los impuestos; que, en consecuencia, fuese distinto pagar el IRPF en Valladolid o en Ciudad Real; y que se responsabilizasen (perdón, corresponsabilizasen) de recaudarlos.

5) Variables de distribución y población ajustada: ¿No decía antes que había que seguir leyendo? ¿Qué quiere decir eso de población ajustada? ¿Ajustada de acuerdo con qué parámetros? ¿La edad media, la dispersión, como piden algunas autonomías?

Así pues, vale, los recursos sobrantes de distribuirán de acuerdo con la población... pero ajustada. Con un ajuste que se acordará por consenso, o eso dice el papel.

Como he dicho, es poco, muy poco, lo que dice este documento. Pero en lo poco que dice hay cosas que hacen bastante lógica la postura de Cataluña, que se ha dicho decepcionada con el mismo. A mi modo de ver (todo esto es interpretativo, pues ya que dicho que las siete diapositivas que se han hecho públicas están, en cuanto a precisión, más cerca de una predicción de la Bruja Lola que del diagnóstico de un endocrinólogo), lo que se propone se da de bruces con dos de los principales anclajes del Estatuto de Cataluña, ambos situados en su artículo 206.

El artículo 206.3 admite que los recursos tributarios de Cataluña sean reducidos para poder nivelar servicios en otras autonomías más pobres, pero siempre y cuando realicen un esfuerzo fiscal similar. Esto, más o menos, viene a convertir lo que hoy es una transferencia (le pasas dinero a alguien y te despides de él) a una especie de préstamo (le sigues pasando el dinero, pero quien lo recibe se compromete, de alguna forma, a recaudarlo por sí mismo en algún momento). Lo que sabemos del modelo del gobierno nada dice de esto. Y tiene su lógica pues, en este punto, es mi opinión que el Estatuto de Cataluña está sacando los pies del plato, porque regula algo que no se produce dentro de su territorio (el esfuerzo fiscal de otras autonomías).

Por su parte, el artículo 206.5 establece que los mecanismos de nivelación se diseñen de tal manera que no alteren la situación de las autonomías en materia de renta per cápita. El Estatuto quiere evitar el efecto Plan Marshall: a base de transferirle recursos a un país necesitado, acabas haciéndolo más rico que aquél que le transfirió los recursos. Nada hay en el documento del gobierno que acepte este principio. En el fondo, lo que establece es una competencia poblacional: si quieres más pasta, tendrás que admitir en tu seno a más ciudadanos.

Y una pregunta maliciosa: si de lo que se trata es de que el gasto público esté cerca del ciudadano, ¿por qué se negocia la financiación autonómica, y no la local?